Actualizado: Esta historia fue actualizada el 19 de febrero de 2020, a las 11:00 a.m, para reflejar los acontecimientos de la reunión de los Supervisores del Condado de Los Ángeles el 18 de febrero.

El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó por unanimidad para poner fin al uso de docenas de multas y tarifas del sistema de justicia penal en Los Ángeles que cargan desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos y las comunidades de color.

Los costes que se cobran a las personas que entran en contacto con el sistema legal penal -desde las cárceles, a los tribunales, a la libertad condicional- incluyen los honorarios de los defensores públicos, los honorarios de supervisión de la libertad condicional, las evaluaciones de las sanciones, los honorarios del laboratorio, los honorarios de las pruebas de drogas, varios cargos y recargos de procesamiento y servicio, y más. Algunos de los mayores cargos provienen de las tasas de supervisión de la libertad condicional, que pueden llegar a superar los 5.000 dólares. Incluso el servicio comunitario -destinado a ser una alternativa al encarcelamiento y las tasas judiciales- requiere un pago para participar.

En abril de 2019, la junta aprobó una moción de las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl que pedía un informe sobre la recaudación de multas y tasas del condado.

El pasado mes de noviembre, antes de que ese informe pudiera completarse, una coalición de organizaciones comunitarias llamada Let’s Get Free LA, presentó a los supervisores un informe de 30 páginas en el que se pedía a la junta que siguiera adelante con la abolición de las multas y tasas de justicia.

El grupo argumentó que el sistema actual atrapa a las personas en un ciclo de deuda y criminalización, todo por un beneficio financiero mínimo para el condado. (La libertad condicional del condado de Los Ángeles, por ejemplo, cobra con éxito sólo el 3,8 por ciento de las deudas de la justicia penal que impone a los adultos bajo su supervisión.)

Luego, un mes más tarde, el propio informe del condado reveló que desde 2014, los funcionarios de Los Ángeles fueron capaces de cobrar sólo el 4 por ciento de los más de 100 millones de dólares en deudas relacionadas con la corte que los angelinos adquirieron cada año. Y el condado gastó «una cantidad significativa de recursos tratando de cobrar las cuotas con poco éxito».

La moción del martes ordena al departamento de libertad condicional y a otros funcionarios relevantes del condado que dejen «inmediatamente» de cobrar esas multas y cuotas sobre las que el condado tiene jurisdicción, y que liberen todas las deudas pendientes relacionadas.

«Aunque se supone que las tasas no son punitivas ni restaurativas, sino que simplemente deben ayudar a los condados a recuperar los costes sin que sean excesivas o injustas», señala la moción, «pueden sumar rápidamente miles de dólares para una sola persona, y vencerse mientras una persona está encarcelada y tras su liberación».»

El martes, ante la junta, defensores y miembros de la comunidad pidieron al condado de Los Ángeles que tomara esa importante medida, contando historias personales de las cargas que la deuda impuesta por el condado creaba.

Van Nguyen, miembro de Homeboy Industries, describió la carga de 22.000 dólares en multas y tasas judiciales, además de las dos cadenas perpetuas que recibió a los 16 años. «Recuerdo que me sentenciaron a morir en la cárcel, y lo único que me preocupaba era… cómo iba a pagar esa cantidad de dinero», dijo Nguyen a la junta antes de la votación. A pesar de haber recibido una «segunda oportunidad» tras su delito juvenil, dijo que la deuda seguía pesando sobre su familia. «Es demasiado abrumador para mí pensar en ello», dijo Nguyen. «No sé exactamente cuánto debo todavía, pero es una carga tan grande, no sólo para mí, para toda mi familia».

Kim McGill, de la Coalición por la Justicia Juvenil, dijo a la junta que era inconcebible que en el siglo XXI, «las familias todavía tengan que elegir entre los gastos básicos», incluyendo la alimentación y la atención sanitaria, y el pago de las tasas judiciales.

Después de McGill, un abogado de oficio ilustró la cuestión hablando de una mujer que tuvo que prescindir de cuidados dentales críticos para no ir a la cárcel. «Nuestra clienta tuvo que elegir entre pagar las tasas judiciales o el tratamiento dental», dijo el abogado. «Ante la amenaza de encarcelamiento, optó por renunciar a ese tratamiento dental. Cuando llegó a la cita con el tribunal para pagar las tasas, le faltaban varios dientes, y se vio obligada a gastar el poco dinero que tenía en las tasas judiciales para evitar la cárcel».

Esa mujer es una de los muchos angelinos que se ven obligados a prescindir para poder pagar las tasas que los mantendrán fuera de la cárcel, añadió el abogado. «Los defensores públicos han estado contando estas historias durante años.»

El condado de LA se une al de Alameda y al de San Francisco en el recorte de las multas y tasas de justicia de la ecuación de financiación del gobierno local.

«Esta Junta ha tomado medidas audaces para alejarse de un modelo de sistema de justicia penal puramente punitivo que impacta negativamente en la seguridad pública, hacia un modelo de «atención primero, cárcel después», que prioriza la salud, el bienestar y las necesidades de recursos de las personas para lograr una mayor estabilidad y seguridad pública para todas las comunidades del Condado de Los Ángeles», escribieron los Supes Solís y Kuehl en su moción. «La eliminación de las tasas administrativas del sistema penal del Condado es el siguiente paso en la implementación de la visión de la Junta mediante la mejora de la estabilidad económica de las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color.»

Los supes del condado de Los Ángeles dieron el primer paso importante hacia el objetivo en 2017, cuando eliminaron las multas y los honorarios en el sistema juvenil y perdonaron los 89 millones de dólares pendientes de las familias en la deuda de libertad condicional juvenil, a instancias de la Coalición de Justicia Juvenil y otros defensores.

Ese mismo año, los legisladores estatales impulsaron un proyecto de ley histórico, SB 190, que prohibió a los 58 condados cobrar por la participación de los niños en el sistema de justicia juvenil. Sin embargo, la ley no impidió que los condados siguieran persiguiendo viejas deudas de años anteriores. Algunos condados todavía están tratando desesperadamente de cobrar a las familias con problemas de dinero.

En 2019, el senador Mitchell se asoció con el senador Bob Hertzberg para producir un proyecto de ley de seguimiento que buscaba poner fin a la mayoría de las tarifas administrativas en el sistema de adultos, en todo el estado. Ese proyecto de ley, el SB 144, también conocido como la Ley de Tarifas por encima de la familia, no obtuvo suficiente apoyo en la temporada legislativa del año pasado, pero continuará en 2020. (La moción del martes también desencadenaría una carta de los supes a los legisladores y el gobernador en apoyo de la SB 144.)

Un proyecto de ley de reforma de multas y honorarios más modesto llegó al escritorio del gobernador Newsom, donde no pudo ganar una firma final del gobernador. El proyecto de ley AB 927 habría exigido a los tribunales que pretendieran imponer multas y tasas a los acusados adultos y menores en procesos penales que determinaran si cada persona tenía la capacidad de pagar esas deudas (que a menudo se convierten en la carga de los seres queridos de los acusados).

Aunque Newsom dijo que apoyaba la «intención» del proyecto de ley, dijo que no creía que «exigir una audiencia sobre la capacidad de pago de los acusados» fuera «el mejor enfoque en todos los casos». En su lugar, el gobernador dijo que creía que la cuestión debía abordarse a través del proceso presupuestario.

Así, la propuesta presupuestaria de Newsom de enero incluía la ampliación de un programa de capacidad de pago que actualmente sólo está disponible para los infractores de la ley de tráfico. El programa permite a los californianos de bajos ingresos solicitar en línea la reducción de sus multas y tasas en aproximadamente un 50 por ciento, al tiempo que solicitan un plan de pago. Según el plan esbozado en el presupuesto de Newsom, el programa abarcaría de nuevo a las personas acusadas de otras infracciones y delitos.

Por ahora, corresponde a los gobiernos locales decidir si eliminan las multas y tasas del sistema judicial.

Imagen de Let’s Get Free LA.